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PRONUNCIAMIENTO

COLEGIOS DE ABOGADOS DE VENEZUELA 21 DE MARZO 2014

 

NOTA DE PRENSA

COLEGIO DE ABOGADO

MARÍA CORINA MACHADO

 

PRONUNCIAMIENTO DEL COLEGIO DE ABOGADOS SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 231

 

NOTICIAS 24: Colegio de Abogados de Caracas exige “renovación total del TSJ y demás órganos del gobierno judicial”

ABOGADOS ESPOSADOS EN EL TSJ RECHAZAN LA CRIMINALIZACIÓN DEL DERECHO

COMUNICADO Colegio de Abogados Jose Amalio Graterol

 

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(0212) 451.57.54 / 55.42  

(0212) 461.28.74   461.86.02   

FAX: 451.74.94

 

 

Los Colegios de Abogados de los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Monagas, Nueva Esparta, Sucre y Zulia, representados por sus Presidentes, Delegados y la Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, reunidos en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, hoy viernes, 21 de marzo de 2014, preocupados por la situación de violencia y polarización que sufre la nación venezolana, atendiendo a nuestra condición de guardianes de los fundamentos que sustentan el Estado Social de Derecho y de Justicia para lograr materializar la libertad e igualdad, teniendo como fin supremo la dignidad del ser humano y la plena vigencia de las instituciones,en atención a los deberes deontológicos que la profesión nos impone, manifestamos:

1.      Exigimos al Gobierno Nacional cesar toda acción represiva contra los estudiantes y demás ciudadanos, ajustando la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado a los protocolos y medios de contención establecidos en la Constitución yTratados Internacionales en materia de Derechos Humanos.

2.      Exigimos a las fuerzas de seguridad del Estado, militares y policiales, ajustar su actuación a la Constitución de la República, especialmente en cuanto al respeto de las garantías procesales relacionadas con la libertad y seguridad de las personas detenidas, y demandamos que cesen los allanamientos sin orden judicial,acción constitutiva de delito por parte de los funcionarios que los ejecutan, según el artículo 184 del código Penal, y violatorios de la garantía de la inviolabilidad del hogar domestico según el artículo 47 de la Constitución de la Republica.

3.      Exigimos al Ministerio Público y a los Tribunales de la República ajustar sus decisiones a los hechos alegados y probados en autos, con objetividad, haciendo valer el Estado Democrático de Derecho y de Justicia preconizado por la Carta Magna, especialmente en cuanto a la autonomía, independencia e imparcialidad de estos órganos del poder público.

4.      Reivindicamos el derecho constitucional a la protesta pacífica, legítima y justa, exigimos adecuar la misma a los cánones de respeto a los derechos de terceros, sus propiedades y la sana convivencia ciudadana, evitando la obstrucción del libre tránsito,así como la destrucción de bienes públicos y privados. Rechazamos los grupos violentos, cualquiera sea su origen.

5.      Repudiamos categóricamente el uso de las instituciones para la persecución política. Rechazamos por inconstitucional y antidemocrática cualquier decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ordene medidas de privación de libertad o destitución de autoridades legítimamente electas por el voto popular, violando el debido proceso mediante juicios sumarios, contrarios a todas las garantías procesales previstas en la Constitución, como el caso reciente de Enzo Scarano, Alcalde de San Diego, estado Carabobo,así como la detención de Daniel Ceballos, Alcalde de San Cristóbal, Estado Táchira.

6.      Exigimos el cese de la represión, censuramos la práctica del Derecho Penal del Enemigo, mediante el cual se olvidan las garantías procesales básicas, al declarar a personas como sujetos del sistema penal, por no comulgar con ideologías políticas. Repudiamos en ese orden la designación de jueces penales por parte de órganos superiores de la Judicatura, para el procesamiento de hechos ya sucedidos, lo cual viola la garantía ciudadana del Juez natural.

7.      Reclamamos el respeto a la Constitución, Tratados Internacionales y principios básicos de convivencia social. Sólo con Justicia se alcanza la paz y sólo con institucionalidad se logra la Justicia.

8.      Urge la inmediata reinstitucionalización del país, en términos plurales y democráticos. Exigimos la inmediata designación de las autoridades con períodos vencidos, a saber: Contralor General de República, Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y Rectores del Consejo Nacional Electoral, con el acuerdo de la mayoría calificada, en apego estricto a la Constitución. Demandamos una democracia plena, separación de poderes y ejecución autónoma de funciones.

9.           Exigimos respeto al ejercicio de la abogacía y en tal sentido,demandamos que los abogados y procesados no sean obligados a ejercitar la defensa en instalaciones militares o en lugares distintos a los juzgados y en horarios nocturnos durante prolongadas audiencias, al final de las cuales son intimidados y expuesta su vida e integridad física.

10.       Nos comprometemos a elaborar un proyecto de Ley de Amnistía General y hemos acordado la creación del Observatorio Venezolano de la Justicia, el cual funcionara en cada uno de los colegios suscribientes del presente acuerdo, así como la difusión del mismo a los Colegios de Abogados de Iberoamérica.

11.       Lamentamos profundamente la pérdida irreparable de vidas humanas y expresamos nuestra solidaridad con sus familiares, al propio tiempo que exigimos justicia por estos repudiables hechos.

12.        Invitamos a todos los colegas del país a sumarse a este PRONUNCIAMIENTO NACIONAL en respaldo al fortalecimiento de la democracia. Convocamos a toda Venezuela a respaldar el Articulo 2 de nuestra Carta Magna, según el cual “Venezuela se constituye en un Estado Social de Derecho y de Justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.

 

NOTA DE PRENSA

COLEGIO DE ABOGADOS

MARÍA CORINA MACHADO

Luego de la decisión emanada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acerca del caso de

la Diputada de la bancada opositora, María Corina Machado, Yvett Lugo, presidenta del

Colegio de Abogados de Caracas, repudió el fallo que despojó a la parlamentaria de su

curul en la Asamblea Nacional. Nota de Prensa

“Rechazamos de manera enérgica, el fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo

de Justicia que despojó a la diputada María Corina Machado de su investidura

parlamentaria. La sentencia dictada anoche por la sala constitucional incurre en numerosos

quebrantamientos constitucionales”, dijo Lugo.

Señaló que una vez más se viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

al cercenar al derecho de ser oído que tiene todo ciudadano, conforme al artículo 49 Ord.

1°. “María Corina Machado fue considerada incursa en una causal de pérdida de su

condición de parlamentaria. Pero jamás fue citada por el Tribunal Supremo de Justicia para

ser oída y ejerciera su derecho de defensa”.

En tal sentido, Yvett Lugo recalcó que el empleo de la justicia como herramienta de

persecución política lesiona principios democráticos elementales. “El caso que ahora

comentamos es un irritante ejemplo. Esta corporación gremial repudia de la manera más

enérgica el empleo de chicanas judiciales para desconocer la voluntad de quienes votaron

por la diputación que ahora se desconoce”.

Finalmente mostró su inquietud por el mal empleo de la justicia en Venezuela. “Preocupa

que en lugar de operar el sistema de justicia como un medio de solución pacífica de

normales controversias ciudadanas, los tribunales se agreguen como un elemento adicional

de exacerbación política. Tal manera de desviar la recta administración de justicia, tiene un

calificativo: terrorismo judicial”.