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COMUNICADOS DEL COLEGIO Y NOTICIAS

 

AVISO AREAS RECREATIVAS  COLEGIO DE ABOGADOS DE CARACAS

 

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO SUPERIOR EXTRAORDINARIO DE LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE ABOGADOS

 

 

  PRONUNCIAMIENTO

DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DE VENEZUELA

 

DISCURSO DE ORDEN PRONUNCIADO POR ELINOR MONTES, EL 23 DE JUNIO DE 2015, EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL ABOGADO EN LA SEDE DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CARACAS

 

II CONGRESO INTERNATIONAL DE DERECHO DEL DEPORTE CARACAS 2015

JORNADAS SOBRE LA REGULACIÓN DEL FUTSAL

www.derechodeldeporte.org.ve

 

PRONUNCIAMIENTO CASO DETENCIÓN ANTONIO LEDEZMA

 

PRONUNCIAMIENTO CASO DETENCIÓN DEL ABOGADO TADEO ARRIECHI

Análisis situacional del Terrorismo Estratégico Internacional como amenaza presentánea pluriofensiva de anomalía grave y prolongada desde el paradigma de la Complejidad.

IMPORTANTE

PRONUNCIAMIENTO

COLEGIOS DE ABOGADOS DE VENEZUELA 21 DE MARZO 2014

 

PRONUNCIAMIENTO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE
CARACAS SOBRE LA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA QUE INTERPRETA EL DERECHO A
MANIFESTAR

 

NOTA DE PRENSA

COLEGIO DE ABOGADO

MARÍA CORINA MACHADO

 

PRONUNCIAMIENTO DEL COLEGIO DE ABOGADOS SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 231

 

NOTICIAS 24: Colegio de Abogados de Caracas exige “renovación total del TSJ y demás órganos del gobierno judicial”

ABOGADOS ESPOSADOS EN EL TSJ RECHAZAN LA CRIMINALIZACIÓN DEL DERECHO

COMUNICADO Colegio de Abogados Jose Amalio Graterol

 

Enlaces de Interés

Tribunal Supremo de Justicia

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

  

Historia del Colegio

Día Nacional del Abogado

Orígenes de la Abogacía

Mandamientos del Abogado

Código de Ética

 

Cursos, Módulos, Talleres, Foros, Post-grados,  Pasantías, Congresos nacionales e internacionales, Conferencias

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

 
         
 Junta Directiva    Comisiones de Trabajo  
Presidente: Yvett Lugo Urbáez
Vice Presidente: Antonio Paraco
Tesorero: Carlos Prince Avellán
Bibliotecario: Elinor Montes
Secretario: José Augusto Soares
 

 Comisión de Derechos Humanos

 Comisión Prevención Drogas

 Comisión de Investigaciones Penales y

 Criminalísticas

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

 
         
 Áreas del Colegio    Departamento de Administración  
 ÁREAS ADMINISTRATIVAS

 ÁREAS ACADÉMICAS

 INSTALACIONES DEPORTIVAS

 ÁREAS SOCIALES

     
 Departamento de Cobranzas
 
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       Tribunal Disciplinario  
 Alianzas del Colegio      

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DE ABOGADOS

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   Contactos  
     
     

Colegio de Abogados de Caracas

Av. José Antonio Páez,

frente al Instituto Pedagógico de Caracas, El Paraíso

Teléfonos:

(0212) 451.57.54 / 55.42  

(0212) 461.28.74   461.86.02   

FAX: 451.74.94

   

 

 

AVISO AREAS RECREATIVAS

 Siguiendo instrucciones de la Junta Directiva, se le informa a los agremiados que para poder disfrutar las Áreas Sociales del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, tienen que estar SOLVENTES, y se les exigirá el Carnet o Constancia de Pago, en la entrada de la institución. 

Igualmente se le informa que el horario para el  uso de dichas áreas es: Sábados, Domingos; Lunes y Martes de Carnaval; y en Semana Santa, jueves y viernes Santo de 11am a 5:00pm; y sólo podrán ingresar con el Abogado, un máximo de cuatro (4) personas, SIN EXCEPCIÓN.

Se les reitera que, está terminantemente prohibido traer: Comidas, Refrescos, Jugos, Bebidas alcohólicas

Recuerden el uso obligatorio de Traje de Baño de licra.  Y está prohibido el uso de Pistolas de Agua, Salvavidas grandes y otros, en el área de la piscina

Se les recuerda a los padres y representantes, supervisar a sus menores en el área del Parque Infantil, para que no hagan uso del mismo en traje de baño, ni mojados;  ya que agua de la piscina es tratada con químicos que decoloran dicho Parque. 

Les damos las gracias por su colaboración, y acatamiento de las normas, para disfrutar en armonía de sus instalaciones. 

Cualquier eventualidad o duda al respecto, favor comunicarse con la Supervisora de guardia. 

LA JUNTA DIRECTIVA

 

Pronunciamiento

El Consejo Superior Extraordinario de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela constituido por el Directorio de la Federación de colegios de abogados de Venezuela, el Presidente del Instituto de Previsión Social del Abogado y los presidentes de los colegios de abogados de los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira y Zulia reunidos en la sede del  Ilustre Colegio de Abogados de Caracas el 22 de enero de 2016, aprobó suscribir el presente acuerdo:

CONSIDERANDO

Que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia 260 del 30-12-15, declaró procedente una solicitud de amparo cautelar, y ordenó “de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación…” (sic) emanados del Consejo Nacional Electoral, contra los diputados electos por el Estado Amazonas.

CONSIDERANDO

Que tal pronunciamiento contraviene la doctrina consolidada por ese mismo Tribunal Supremo, que ha establecido: La proclamación de un candidato en un determinado cargo,(sic), no puede ser suspendida o controlada a través de una acción de amparo constitucional otorgada a favor de quien lo pretende, pues en los procesos judiciales electorales cuando se impugnan actos como el referido, no es la protección individual de un derecho constitucional, sino el respeto a la expresión de la voluntad del electorado que oportunamente sufragó y eligió un candidato determinado, lo que priva, y ello conlleva a que la cuestión objeto del mismo sea de interés general.”

Igualmente que la acción de amparo constitucional no procede contra aquellos actos “relacionados con la votación, escrutinios, totalización y proclamación de los candidatos, que si conforman la fase final del proceso electoral, por ser el recurso idóneo para impugnar estos actos el contencioso electoral, (sic)”. Puesto que, habiendo sido determinado por el propio Tribunal Supremo que tal suspensión no es posible acordarla por vía de un recurso de amparo constitucional directo, era obvio entender que mucho menos sería procedente en forma subsidiaria en una acción de nulidad y ello, constituye un error grave e inexcusable de quienes se supone conocen de derecho.

CONSIDERANDO

Que dicha Sala Electoral acordó la referida medida sin prueba alguna del supuesto “fraude estructural y masivo” alegado por la recurrente, en virtud de que la única prueba promovida es una grabación de una presunta conversación entre la Secretaria de la Gobernación del citado Estado con una persona anónima donde ofrecía pago de prebendas a quienes votaran por la MUD o ayudaran a desviar el voto asistido, grabación que es evidentemente ilícita, pues la privacidad de las comunicaciones está consagrada en el artículo 48 Constitucional y desarrollada en la “Ley Sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones,” que en su art. 2 castiga con prisión de 3 a 5 años, a quien “arbitraria, clandestina o fraudulentamente grabe o se imponga de una comunicación entre otras personas”, y a “quien revele, en todo o en parte, mediante cualquier medio de información, el contenido de las comunicaciones”.

CONSIDERANDO

Que la citada Sala Electoral en clara contravención al art. 49, numeral 1 Constitucional,  que declara “nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso.”, calificó la mencionada grabación como un “hecho notorio comunicacional”, con lo cual no sólo relevó a la recurrente de la carga de la prueba sino que legitimó una prueba inconstitucional e ilícita por el sólo hecho de haber sido difundida por los medios de comunicación, cuando esta difusión también constituye un delito, conforme al antedicho art. 2. 

CONSIDERANDO

Que la Sala Electoral se hizo cómplice del delito previsto en el aludido art. 2 cuando en lugar de ordenar la apertura de la correspondiente averiguación penal valoró como prueba dicha grabación ilícita.

CONSIDERANDO

Que en virtud de lo expuesto es patente la inadmisibilidad del recurso en cuestión.

CONSIDERANDO

Que la Sala Electoral no podía declarar la suspensión “de los efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación” porque los mismos ya habían sido ejecutados y conforme a lo establecido en el art. 200 Constitucional: “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación…”. En consecuencia, violentó la inmunidad parlamentaria de los diputados del Estado Amazonas y la soberanía popular, en los electores de dicho Estado.

CONSIDERANDO

Que la sentencia 260 está viciada de NULIDAD ABSOLUTA, conforme a lo dispuesto en el art. 25 Constitucional que a la letra dice: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la Ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores.”, por ser la misma inconstitucional e ilegal, y lo más grave, por ser ilícita al transformar un delito en una prueba y violentar la inmunidad parlamentaria y la soberanía popular.

CONSIDERANDO

Que en fecha 11-01-2016 la sala Electoral, dicta la Sentencia N° 1, Expediente: AA70-X-2016-000001, en la cual declara en “Desacato” a la Asamblea Nacional por la juramentación de los diputados electos por el Estado Amazonas, y “NULOS ABSOLUTAMENTE los actos de la mencionada Asamblea que se hayan dictado o se dictaren, mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos sujetos de la decisión N° 260 del 30 de diciembre de 2015 y del presente fallo.

CONSIDERANDO

Que la citada sentencia N° 1 de la Sala Electoral pretendió dejar a toda la nación venezolana sin Poder Legislativo y sin representación parlamentaria, en virtud de un desacato que nunca existió porque la sentencia 260 es inejecutable, pues no se pueden suspender los efectos de un acto que ya se cumplió, como fue la proclamación de los diputados del Estado Amazonas por el Consejo Nacional Electoral.

CONSIDERANDO

Que el Tribunal Supremo de Justicia no tiene competencia para invalidar a la Asamblea Nacional, ni anular sus actos presentes, salvo por las causales previstas en la Ley, y mucho menos los futuros, por lo que esta sentencia N° 1 adolece de los mismos vicios de la sentencia número 260 referida anteriormente.

CONSIDERANDO

Que el art. 23 Constitucional establece: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.”

CONSIDERANDO

Que la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagran la plena igualdad de todas las personas  y el derecho a ser oídas públicamente y con justicia por un tribunal competente independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

CONSIDERANDO

Que los jueces están obligados a observar una conducta ética y que conforme a los “Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 1985: 2. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”.

CONSIDERANDO

Que los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, 2002, considera: “que la confianza pública en el sistema judicial y en la autoridad moral y la integridad del poder judicial es de extrema importancia en una sociedad democrática moderna” y establece seis valores éticos fundamentales: “independencia, imparcialidad, integridad, corrección, igualdad, competencia/diligencia”.

CONSIDERANDO

Que el art. 26 Constitucional reza: “…El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.”

CONSIDERANDO

Que el art. 255 Constitucional consagra la responsabilidad personal de los jueces “por la inobservancia sustancial de las normas procesales, por denegación, parcialidad, y por los delitos de cohecho y prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones”.

 

CONSIDERANDO

Que una correcta administración de la justicia es imprescindible para garantizar la defensa de la dignidad humana, así como la gravedad que reviste el hecho de que su desconocimiento, provenga precisamente del ente obligado a garantizar su respeto, mediante el quebrantamiento de la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos y contraviniendo su propia doctrina.

ACUERDA:

1-    Aprobar un Voto de Censura los magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia por su actuación en los expedientes AA70-E-2015-000146 y AA70-X-2016-000001.

2-    Exhortar al Poder Moral a iniciar los procedimientos correspondientes para hacer efectivas la responsabilidad de los magistrados incursos en las violaciones enumeradas supra.

3-     Hacer del conocimiento de todo el país y de la comunidad jurídica internacional, del contenido del presente documento y

4-      Realizar ante las instancias internacionales correspondientes, las respectivas denuncias relacionadas con las sistemáticas y graves desviaciones de la justicia venezolana y la lesión a derechos humanos fundamentales.

http://www.lapatilla.com/site/2016/02/02/colegio-de-abogados-de-venezuela-aprueba-voto-censura-y-solicita-destitucion-de-magistrados-del-tsj/